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 • Gobierno busca el camino legal que permita intervenir un área de la reserva natural altiplánica protegida por la ley chilena y convenios internacionales. Seremi de Minería, Alfredo Arriagada, afirmó que “para algunos, los convenios internacionales tienen condiciones o características de supra ley, que están por arriba de cualquier legislación, y eso no es así”.
Por Manuela Landon
Silenciosamente, pero a pasos firmes, en el Ministerio de Minería, una comisión multisectorial integrada por representantes y expertos -de esa cartera y las de Bienes Nacionales, Agricultura, Conaf y la Secretaría General de la Presidencia- avanza con la tarea encomendada por el Presidente Sebastián Piñera en cuanto a encontrar un vacío en la actual legislación y así poder comenzar a realizar explotaciones mineras en un sector del Parque Nacional Lauca, ubicado en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota.
Para lograrlo, tendrán que sortear tanto la reglamentación chilena que prohíbe cualquier emprendimiento comercial en áreas silvestres protegidas por el Estado, como los tratados internacionales “Convención de Washington”, suscrito por Chile en 1967, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a consultar a los pueblos originarios cualquier emprendimiento que pueda afectarlos, como claramente ocurre en este caso.
RESCATE DE ARICA
La idea de instalar minería en la región había surgido hace unos años atrás bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero nunca prosperó como un eje determinante para logar superar el déficit económico de la Región de Arica y Parinacota.
Los estudios lo demostraron: Era imposible que no existieran riquezas mineras en el extremo norte, único lugar que había podido esquivar a la gran minería mientras ésta se desarrollaba con todo su desplante al sur del Perú y en el resto del norte de Chile.
Así, los estudios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lo confirmaron y lo expresa claramente en su publicación “Yacimientos minerales de la Región de Arica y Parinacota”, donde se establece que, además de la pequeña y mediana minería que tienen potencial en el sector de la costa y en la depresión intermedia, la zona tiene en el sector de la cordillera de los Andes oro, plata y cobre suficientes para que sea rentable la instalación de la gran minería.
Y Piñera lo tenía decidido desde su campaña. Había que potenciar rápidamente la alicaída economía de Arica y, para él, la única manera de enriquecer la zona, a corto plazo, era abriéndole las puertas a la explotación minera.
 Alberto Arriagada, seremi de Minería, contó que “lo primero que hicimos, cuando asumí esta secretaría regional, fue que la idea anunciada en su campaña por el Presidente la pudiéramos plasmar en un proyecto donde el Presidente tuviera mayores antecedentes y pudiéramos concordar una fórmula para poder estructurar minería en la región”. Así fue como se estructura este cuarto eje de la zona que es la minería.
Al momento de asumir su mandato, a las nuevas autoridades regionales se les encomendó volcar toda su concentración hacia el estudio de viabilidad para la instalación de minería en la región. El informe realizado fue presentado al Presidente y allí se expusieron como antecedentes la existencia de dos sectores donde se podía estructurar esta actividad económica: el sector costa y el otro era sector cordillera.
“En el sector costa no hay ningún inconveniente, porque es totalmente agreste, que está ahí en Pampa Camarones. Pero el sector cordillera estaba, de alguna manera, agravada la superficie en un 44% de la provincia de Parinacota con estructuras como parques nacionales, reservas de la vicuña y monumentos nacionales”, explicó Arriagada.
El Presidente Piñera, ya había tomado la decisión. Fue así como el 26 de noviembre del 2010, el Mandatario viajó a Arica y presentó, bajo una gran expectación de la comunidad, el plan que haría a la región salir de la depresión que arrastra hace décadas creando “una política de Estado para la Región de Arica y Parinacota” y uno de sus grandes ejes era la instalación de la Gran Minería.
Lo anterior se debía llevar a cabo y había que encontrar el cómo implementarlo, buscando la fórmula para desafectar las áreas protegidas que les interesaban.
Para ello, bajo el alero del ministro Laurence Golborne, se crea un comité multisectorial que mantiene la tarea de encontrar los vacíos existentes, “de tal manera de poder ir estructurando toda la información que nos permitiera saber la posibilidad real de que colocar minería en la región podía ser a base de un decreto supremo o deberíamos entrar derechamente a un cuerpo legal, que eso obviamente va a ser más difícil y nosotros no queremos. Estimamos que ese camino es muy largo para poder revertir en esta administración y hacer uso de los recursos que tiene en termino de mineral la región”, aseguró Arriagada.
Los antecedentes recopilados por el comité entregarán, de esta forma, los insumos necesarios para que puedan ser interpretados adecuadamente primero que nada al interior de Ministerio y que, luego, Golborne le llevará a Piñera para que él pueda resolver.
CONFLICTOS MINEROS
• COLLAHUASI: El daño ambiental comienza a manifestarse el 2005 y los habitantes de la caleta Chanavayita comenzaron a percibir olores anormales lo que provocó fuertes dolores de cabeza y vómitos en la población. El 2008 el seremi de salud fiscaliza esta situación y se establece que la causante fue la planta de Molibdeno de la minera.
• CODELCO Y SOQUIMICH: El colapso de Quillagua comenzó a manifestarse en el año 1997, cuando se produce el primer evento de contaminación de las aguas del río Loa. Los efectos de la contaminación y la captura aguas arriba del caudal del Loa, se resume en los siguientes datos: en 1996, existían 120 hectáreas cultivadas de alfalfa y maíz; en el 2005, solo se intenta cultivar sin resultados media hectárea de alfalfa por el señor Ayavire. Antes de la contaminación del río Loa existían 80 niños matriculados en la escuela G-15 de Quillagua, en el 2005 solo quedaban tres niños; había decenas de agricultores, ahora solo queda uno y desapareció la actividad de captura de camarones por la muerte biótica del río.
• MINERA BILLINTON: Desde que llegó a territorio aymara, la compañía BHP Billiton ha incurrido en una serie de irregularidades. El conflicto llegó a su punto más álgido cuando el año 2002 la comunidad pudo constatar que la empresa estaba consumiendo 90 litros por segundo de agua, en circunstancias que tenían autorizado 35, como consecuencia de ello, el nivel de agua de la laguna había bajado considerablemente y vertientes de agua dulce del sector y bofedal, se habían secado. La empresa fue multada, se comprometió a mitigar los daños, pero en definitiva sus medidas de mitigación terminaron pudriendo el bofedal, comprometiendo más las aguas de la zona y fomentando la migración mavisa de la comunidad a las ciudades, pues sus fuentes de sustento ya no eran viables.
• SOUTHERN COOPER CORPORATION: En 1992, el Tribunal Internacional del Agua condenó a la empresa minera Southern Copper Corporation por inminente ecocidio producido por más de medio siglo en el sur del Perú. (Fuente: OCMAL)
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VACÍOS
El seremi de Minería, Alberto Arriagada, dijo que “la minería es un eje que está abordado por la administración central y por el Gobierno Regional para implementarse, no para ver si se implementa. La decisión está tomada y estamos haciendo esa decisión carne. Ya en el sector costa estamos instalando negocios y en el sector cordillera, en todas las áreas donde no está afectados por el Parque Nacional, también. El problema está en las zonas protegidas. Si en esa zona se pudiera hacer algún cambio, alguna excepcionalidad para poder llevar a cabo la actividad minera, es lo que estamos estudiando”.
La orden está dada y ésta debe trabajarse con premura, ya que, como lo comentó el seremi, “se nos puede pasar el tiempo y dejar de ser atractivo. Los precios de los metales van cambiando en el tiempo. Hoy estamos en período de alta, ya debiéramos haber tomado la decisión para sacar el máximo de beneficios en términos de riqueza para la región y a lo mejor si se nos pasa, vamos a entrar en un período de baja donde ya tal vez no sea justificable hacer una gran inversión, ya no va a ser una cosa tan deliberante para poder recuperar rápidamente la economía de la región”.
El comité que trabaja para cumplir con la decisión del Presidente, lleva sesionando incansablemente con la meta de encontrar el camino jurídico que logre sortear ese muro “infranqueable” que protege al Parque Lauca y que tantos dolores de cabeza les está trayendo.
Sin embargo, las leyes no eran tan “infranqueables” como se creía. Poco a poco y más rápido de lo que cualquiera esperaría, estos expertos han ido localizando los vacíos que abrirán las puertas para la inversión.
Para empezar, en la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas carece de un estatuto orgánico que lo rija y, en consecuencia, legalmente no existe como tal y sólo se refiere a algunas normas dispersas que se refieren a él (Revista de Agronomía nº 35, U. Católica). La condición del parque como una Reserva de la Biósfera reconocido por la Unesco, no es legalmente vinculante, es decir, obligatoria, y el obstáculo que tendría desafectar la zona deseada, es que presenta algunos terrenos de los que son dueñas pequeñas comunidades y familias indígenas y, en el caso que correspondiera, serían las empresas mineras las que negociarían directamente con las personas. Sería un trato entre privados en la que el Estado no puede interceder.
Según Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, esta es una “categoría muy relevante a nivel internacional, pero que en Chile no está basada en alguna ley, no hay obligaciones al respecto, es sólo un nombramiento”. Está establecido, de manera implícita, que el gobierno protegerá el lugar.
Con respecto a la Convención de Washington y el Convenio 169 de la OIT, Arriagada aseveró que “para algunos los convenios internacionales tienen condiciones o características de supra ley, que están por arriba de cualquier legislación, sin embargo, no puede ser, porque para poder administrarla tenemos que tener una legislación nuestra que sea mayor y que le permita ingresar a nuestro territorio, o sea, no puede tener carácter de supra ley”.
La Convención de Washington, agregó, “entre otras cosas, impide estructurar negocios al interior, pero superficial, es una inconsistencia, porque uno no puede entrar a hacer uso de la superficie, pero la riqueza que está sacando es de abajo. Hay una legislación muy potente que tiene carácter de constitucional, que es el código minero”.
La verdad, es que los derechos del subsuelo, al parecer, son más importantes que los del suelo. Efectivamente, y contradictoriamente con lo que se señala en la Convención de Washington, respecto a que las riquezas existentes en parques nacionales no se explotarán con fines comerciales, el artículo 17 de Código de Minería permite realizar labores mineras en parques nacionales, reservas o monumentos naturales. Para esto, se requiere el sólo permiso del intendente o del Presidente de la República.
“El dueño de la superficie tiene que otorgar servidumbre a un negocio de subsuelo, cuando hay propiedades mineras constituidas”, puntualizó el seremi.
Sobre el Convenio 169 de la OIT, el representante de Golborne e nuestra región establece que éste “el artículo 6 y 7 dice que debemos hacer una consulta para poder estructurar cualquier actividad que de alguna manera afecte a los pueblos originarios en los cuales se encuentra inserto –el proyecto a realizar- y resulta que para hacer esa consulta existe en este momento una legislación, un Decreto Supremo que es el 124 que dice cómo podemos hacer esas cosas”.
El Decreto Supremo N°124, se dictó el 15 de septiembre del 2009, por Mideplan y bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el mismo día en que entró en vigencia el Convenio 169.
Este cuerpo legal es un mecanismo transitorio que pretende regular el derecho a la consulta, es decir, es el Estado quien decide cómo, cuándo y en qué plazos se establecerá la consulta a las comunidades indígenas que verán afectadas sus tierras para algún proyecto. Este decreto, según la OIT, no cumple con las normas internacionales.
Arriagada explicó que “al decir consultados, es que hay una participación, que la gente lo conoce, que se informó de que iba a haber un cambio en esto y que el Estado va a hacer lo imposible para que esa información sea adecuada y que logre hacer entender a las personas el por qué se está implementando, pero no quiere decir que efectivamente le tenga que pedir permiso a la población. No es un voto, por eso que se le da el carácter de no vinculante”.
MINERÍA RESPONSABLE
Que la tecnología ha evolucionado considerablemente, es innegable, que la institucionalidad que existe hoy en Chile con respecto a lo que era hace treinta años atrás, está claro. La pregunta es: ¿Es creíble y posible una minería responsable y que respete realmente el medio ambiente? El seremi Arriagada, al igual que todos los personeros de gobierno que están a favor de la minería, aseguró que las empresas que logren entrar a trabajar ahora a la región, se les medirá con la nueva vara de una institucionalidad mucho más exigente, ya que serán “compañías mineras que respeten la nueva institucionalidad, responsables en sus procesos productivos, pero, además, muy solidarias con la población cercana adonde ellos se insertan. De tal manera, en la instalación de las compañías mineras traigan beneficios reales, potentes al sector donde se instalan”.
Entre tanto, el diputado de la zona, Orlando Vargas (PPD), representa a quienes están a favor de la explotación minera, siempre y cuando sea “de manera responsable, sustentable en materia de recursos naturales y ambientales respetuosa de la línea comunitaria y sobre todo en conciencia con los juicios y como nos debemos a las generaciones por venir”.
Existen agrupaciones aymaras como el Consejo de Apoyo a la Minería de Arica y Parinacota que integran medio ambientalistas, comuneros y camioneros que apoyan con mucho entusiasmo la intención de instalar este sector productivo.
Ellos dicen que “es posible una minería limpia, mediante la tecnologías actuales” y creen en la capacidad de fiscalización que hoy tiene el Estado. Sin embargo, el senador Lagos Weber (PPD), aunque piensa que Chile ha avanzado en establecer una institucionalidad que de verdad resguarde los intereses de las personas y del medio ambiente, ésta aún es débil ya que “todavía es permeable a presiones, le falta transparencia y hemos visto presentemente que es posible vulnerar, y que, por consecuencia, no da las garantía para aquellos que tienen un legítimo interés o que tenemos un legítimo interés para salvar nuestro medio ambiente respecto a si esa institucionalidad nos da garantías”.
Según el senador, para poder desarrollar una minería en esta región hay que hacerlo a partir de esta realidad, que en caso que se decida hacer “va a tener que hacerse como una minería ejemplar, no va a haber otra alternativa y no es la minería como se entiende hoy. Va a ser una minería con exigencias del punto de vista de su desarrollo, de su explotación minera y con medio ambientales infinitamente mayores a las que tienen o la que han tenido históricamente en el país otros yacimientos”.
 “MALA FE”
Pero hay quienes no están dispuestos a transar, ya que piensan que esa minería “responsable” es inexistente y sienten que la política de desarrollo minero en la región se está imponiendo de “manera engañosa y de mala fe”.
La Red de Protección del Medio Ambiente y la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota manifiestan que “la agricultura, el turismo y la ganadería no son compatibles con la minería”.
Richard Fernández, dirigente de esta agrupación, expuso en una entrevista para Acción Verde que “la tecnología para el proceso minero es del siglo XIX, antigua y sin ninguna modificación tecnológica que pueda permitir mitigar en parte el impacto en el medio ambiente, la responsabilidad empresarial de las compañías mineras deja mucho que desear, por ejemplo en algunas no existe un departamento ambiental, de prevención y de control sobre las faenas del proceso minero, los proceso de lixiviación y residuos que deja la minería son un problema latente”.
Una constante que se repite en cada declaración de quienes están en contra de la minería es el rechazo al apremio del Gobierno por pretender resolver el problema de la región en estos cuatro años.
En este sentido, Ángelo Carrasco Arias (PPD), alcalde de Putre, es un reconocido opositor a la minería en su territorio y plantea otras alternativas de desarrollo que se enfrentan a las propuestas hechas por el gobierno: “Ellos tienen la visión de que en cuatro años quieren hacer todo. Pienso que las propuestas pasan por retomar las prioridades que habían inicialmente en la estrategia regional, que eran el turismo, el desarrollo de la agricultura y otra que ahora se viene con mucha fuerza, que es la explotación de la energía renovable. Eso es realmente lo que va a generar desarrollo en la región”.
DECISIÓN FINAL
Que el sector del Parque Lauca es un área protegida por leyes nacionales e internacionales es una realidad. También es válida la necesidad de esta nortina región de encontrar un camino que la haga emprendedora y pujante de una vez por todas. Pero para ello, no se plantean otras alternativas por parte de las autoridades más que la minería y eso puede traer importantes consecuencias ambientales y políticas. Al parecer, es muy probable que la intención de Piñera para desafectar el Parque Lauca encuentre finalmente un camino, ya que la institucionalidad en Chile aún tiene muchas áreas debilitadas y permeables, donde es posible encontrar vacíos.
El Gobierno plantea que se escuchará la opinión de la ciudadanía, que se asegurará la instalación de minería responsable y solidaria con la población cercana donde ellos se inserten.
El Mandatario sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que quiere hacer. Para ello, tiene a un consolidado equipo trabajando que le entregarán todas las herramientas para resguardar su decisión que al parecer ya está tomada.
En definitiva, una vez más, el Presidente tendrá la última palabra.
ÁREA PROTEGIDA
En el sector de la cordillera, Arica y Parinacota cuenta con un área protegida de 354.000 hectáreas de las cuales, 138 mil están inscritas como parte del Parque Nacional Lauca, 205 mil a nombre de la Reserva Nacional Las Vicuñas y 11 mil que corresponden al Monumento Natural Salar de Surire.
El punto de mayor controversia es el que corresponde al Parque Nacional Lauca. Un parque nacional forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE), mediante leyes y tratados internacionales, declaradas como tal por su importancia biológica y ecosistémica, en cuyos límites está prohibido realizar emprendimientos comerciales.
A diferencia del Parque Nacional, las Reservas y los Monumentos Nacionales, como lo son Las Vicuñas y el Salar de Surire, no están sujetas a la ley, sino sólo a una decisión del Poder Ejecutivo.
El Parque Nacional Lauca fue creado en el año 1970 y en su superficie incluye zonas de precordillera y altiplano. Pertenece a la comuna de Putre, provincia de Parinacota. En su extensión alberga conocidas atracciones turísticas del norte, como el lago Chungará y los bofedales de Parinacota.
Tanto el Parque Nacional Lauca, como la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire, conforman un circuito estrechamente interconectado de un ecosistema de gran valor ecológico, pero al mismo tiempo enormemente frágil, con presencia de especies en peligro, como la llareta y vicuñas, además de una gran variedad de aves. Estas tres áreas protegidas forman parte de una Reserva de la Biosfera, reconocida como tal por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con una biodiversidad de carácter único y fuente productora de agua para toda la macroregión (alimenta el acuífero del Tamarugal, el río Lluta y la Quebrada de Azapa).
El nuevo Plan Arica, busca desafectar una zona del Parque Lauca (su borde norte y su franja occidental). Los estudios de prospección minera realizados, definieron que el área específica que era necesario desafectar son 43 mil hectáreas del total.
Pero este parque tiene leyes especiales que lo protegen y lo han hecho intocable hasta ahora.
Por una parte, se encuentra al amparo de la Convención de Washington para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (DS Nº 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores), ratificada como Ley de la República en 1967. Según este convenio internacional, los gobiernos “convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos”, sino mediante la declaración de una ley. Además, se establece que las riquezas existentes en las zonas protegidas no se explotarán con fines comerciales.
Y por otro lado, dado que dentro de la zona afectada viven comunidades aymaras y quechuas, debe aplicarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entró en vigencia el 15 de septiembre del 2009, bajo el mandato de Michelle Bachelet. Esta es una normativa internacional que releva la necesidad de considerar las opiniones de los pueblos originarios en el desarrollo de este tipo de proyectos mineros en igualdad de condiciones mediante mecanismos consultivos por parte del gobierno para garantizar una participación informada de los indígenas.
De esta forma, ambientalistas y comunidades indígenas sentían que este parque se encontraba muy lejos de abrir el apetito de inversionistas nacionales y extranjeros, dado el muro de protección que la amparaba. Pero no fue así desde que Piñera habló de una inversión de 2.000 millones de dólares dentro de los límites del parque. Tras los anuncios, ya hay empresas mineras que han presentado solicitudes para realizar labores de exploración y/o explotación al interior de las áreas silvestres protegidas, entre las que se cuentan las propuestas de Billiton Chile S.A. al interior del parque mismo; Asarco Incorporated y Sociedad Contractual Minera Vilacollo, ambas al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas.
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