Según publicó el diario El País Argentina, hace unos meses atrás, hijos de represores del país trasandino se rebelaron contra sus padres y se unieron para exigir que no salgan de la cárcel. Agrupados en el colectivo “Historias Desobedientes”, hoy están pidiendo al Congreso cambiar la legislación que les impide declarar contra ellos en juicios por crímenes de lesa humanidad. Ahora son las leyes argentinas las que les impiden testificar sobre las atrocidades cometidas durante la última dictadura (1976-1983).
El medio argentino indicó que el Código Procesal Penal prohíbe que una persona denuncie o declare contra un familiar directo a menos que éste sea la víctima directa del delito. El colectivo quiere modificar los artículos 178 y 242 que lo impiden. "Esta reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa", manifiestan en el proyecto legislativo publicado en la página web de Historias Desobedientes.
ROMPER EL SILENCIO FAMILIAR
Pablo Verna, hijo del excapitán Julio Alejandro Verna, médico militar, está dispuesto a declarar contra su padre. Impulsor de la ley, recuerda que comenzó a sospechar cuando tenía 11 o 12 años, aún sin un punto de vista crítico. Fue "un camino muy largo" llegar a escuchar la verdad, contó al diario El País. "Le pregunté muchas veces y él siempre me negó su participación", dice. Tuvo que esperar hasta 2013. "Yo tenía conocimiento de los hechos por mi madre y él lo admitió. Admitió que participó en los vuelos de la muerte, inyectando a personas que viajaban en los vuelos con anestesia que los dejaba prácticamente inmóviles", aseguró. Desde ese día no ha vuelto a tener contacto con él. Detalló que su padre está acusado por la querella, pero no ha sido imputado por el fiscal.
"Nosotros sufrimos un mandato de silencio familiar, para que lo que se hablaba no saliera de la puerta de casa. Pero la ley es también una mordaza que nos impide hablar", aseguró al diario El País Laura Delgadillo, cuyo padre, comisario de policía, murió sin condena. "Quizás (poder declarar) no sea de gran ayuda en los juicios, pero queremos colaborar en la reconstrucción de la memoria colectiva", agregó Delgadillo.
HISTORIAS DESOBEDIENTES
El colectivo nació poco después de la gran movilización social contra una sentencia que permitía reducir el tiempo de condena de los represores, el pasado mayo. En esa marcha participó Mariana, la hija de Miguel Etchecolatz, uno de los peores torturadores de la dictadura. En una entrevista posterior, definió como "un monstruo" a su padre y mostró su inquietud por que fuese excarcelado.
Pocos días después, comenzaron a levantarse voces similares, como la de Analía Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, alias doctor K, un conocido represor que cumple cadena perpetua. O la de Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, el obstetra que ayudó a parir a varios hijos de desaparecidas y se suicidó en 2012 al ver que le iban a condenar. Algunos decidieron unirse. De la media docena inicial, con el paso de los meses cerca de 50 se han acercado a preguntar y a hablar.
Argentina tiene abiertos en la actualidad 16 juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicados en el diario El País, han sido condenadas 818 personas en 193 sentencias desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía.
