Tras un proceso de fiscalización por acceso a la información de protocolos de acoso sexual en universidades estatales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) pudo establecer que, del total de entidades oficiadas en el mes de junio, un 80% de las que respondieron declararon las cifras de denuncias por acoso sexual correspondientes a su institución, siendo tres universidades las que concentran un 65% del total de denuncias registradas sobre la materia.
Lideran los porcentajes de casos informados las universidades de Chile y Valparaíso (con 18 denuncias respectivamente) y la Universidad de La Frontera (con 10 casos). Respecto de este punto en particular, la consejera del CPLT, Gloria de la Fuente, afirmó que las entidades que registran una cifra más alta de denuncias de acoso sexual concentran un alto número de matrículas, lo que podría explicar las cifras.
En este sentido, reconoció, además, el rol de estas casas de estudio, puesto que “en varios casos, estos resultados han sido parte de un importante trabajo interno, que se ha hecho cargo de informar a los estudiantes sobre sus derechos, los que de este modo tienen conocimiento sobre las regulaciones y se atreven a denunciar situaciones muy delicadas”.
En junio de este año, el CPLT impulsó un proceso de fiscalización en dichas organizaciones vía Transparencia Activa –lo que las entidades publican en sus sitios web- y a través de requerimientos de Acceso a Información Pública, siendo oficiadas posteriormente y requiriéndose mayores antecedentes sobre regulación y tratamiento de acoso sexual.
Del total de casas de estudio que cuentan con regulaciones por acoso sexual, sólo una de ellas, la Tecnológica Metropolitana (UTEM), se antepuso por varios años a la llamada “ola feminista”, dado que su protocolo data de septiembre de 2015. Entre tanto, un 44% de las instituciones de educación superior cuentan con protocolos de 2017 e igual porcentaje corresponde a documentos fechados este año, en su mayoría entre los meses de abril y mayo de 2018.
La consejera del CPLT comentó que “un porcentaje alto de las universidades estatales hizo públicos formalmente protocolos, reglamentos o documentos que regulan el acoso sexual de manera reactiva y no proactiva si nos basamos en las fechas, pero la cifra aumentó con respecto a la fiscalización que hicimos en junio”.
Asimismo, De la Fuente aclaró que hay cuatro universidades de las fiscalizadas que entregaron información sobre el trabajo que realizan actualmente para contar con protocolos, subrayando que “como Consejo creemos firmemente que es un imperativo ético poner a disposición de los estudiantes y de la ciudadanía en general esta información”.
Afirmó la integrante del CPLT que es necesario corregir cualquier problema o dificultad en el acceso a la información pública cuando se refiere a acceso a derechos, en particular, en casos tan sensibles y delicados como los de acoso “y, en ese sentido, las acciones de universidades estatales deben ser reconocidas, porque dan respuesta a una demanda ciudadana que se tomó la agenda en los últimos meses”.
La consejera destacó, además, lo ocurrido con el movimiento feminista en el contexto social y en la agenda de Transparencia.
“Este fenómeno coincide con los 10 años de la promulgación de la ley de Transparencia y nos habla de un empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas, un fin que hemos promovido como Consejo en pro de una cultura de la Transparencia en todos los ámbitos y en particular en sujetos obligados aunque queremos ampliarlo a otros actores”, subrayó.
Las entidades públicas que aún no cuentan con protocolos sobre acoso sexual pero están trabajando en su creación según la fiscalización del Consejo son las universidades de Antofagasta, de Aysén, de Tarapacá y Metropolitana de Ciencias de la Educación. En el caso de las casas de estudios de La Serena y de Playa Ancha, pese a no contar con un protocolo, sí regulan esta materia en otros documentos.
La Consejera De la Fuente recordó que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa (publicación en los sitios web), “pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor” en el caso de decisiones con efectos sobre terceros.
Además, Gloria De la Fuente recalcó la labor del CPLT en la difusión de este tipo de documentos, dado que “Como Consejo es nuestro deber profundizar el acceso al derecho a la información en general y en temas de tanta relevancia como el acoso sexual”.
“Una persona vulnerada en sus derechos requiere conocer sin mayores dificultades qué pasos debe seguir y cómo enfrentar situaciones de suma complejidad, estén contratados por el plantel o estudiantes. Todos y todas como sociedad debemos colaborar para evitar cualquier tipo de abuso”, subrayó.
Cabe recordar que en materia de Transparencia Activa, las cifras del mes pasado mostraron que sólo 7 de las 18 casas de estudio públicas contaba con protocolos de acoso sexual publicadas en sus plataformas web, cifra que tras la primera fiscalización del Consejo aumentó a un 50% del total de las universidades estatales que respondieron al oficio de esta entidad.
Los resultados de este proceso evidenciaron que un 39% de estas entidades tienen publicadas en sus páginas institucionales los reglamentos o normativas (7 universidades); 28% publican en Transparencia Activa (5 casas de estudio) y un 22 (4 entidades) publica en Marco Normativo.
