En los últimos 5 años, se han creado cuatro nuevos ministerios, el de Deportes, el de Cultura y las Artes, el de Mujer y Equidad de Género y el más reciente, en el mes de mayo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en total la estructura del Estado chileno reporta 24 ministerios, a los que se suman sus respectivas subsecretarias, secretarias regionales ministeriales, divisiones y departamentos.
Además, la reforma a la educación generó toda una nueva institucionalidad, con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia; la Dirección de Educación Pública y la Superintendencia de Educación. A ello hay que sumar la nueva región de Ñuble, que entrará en régimen este año, y que requerirá toda una nueva estructura para la administración regional.
Lo anterior se vuelve aún más complejo si se considera que esta nueva organización va acompañada de un aumento en el gasto estatal, que según información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, significará unos 1.300 millones de dólares más que el año anterior. Este incremento en el gasto público, derivado de la nueva institucionalidad, nos lleva a la vieja pero siempre vigente discusión sobre el tamaño del Estado.
Si se quiere uno más moderno se debe reflexionar sobre su innegable incidencia en el desarrollo de un país, y en ese contexto, es evidente que lo más importante es su capacidad para satisfacer las necesidades ciudadanas. Desde luego se requiere un Estado fuerte para influir y regular aspectos que se relacionan con los derechos sociales, previsión, salud o educación, por mencionar algunos. Por otra parte, y especialmente después de conocer las cifras del gasto fiscal para este 2018 y observar retrospectivamente la magnitud del crecimiento de la estructura estatal, vale la pena preguntarse si se justifican tantos nuevos ministerios, direcciones y servicios, o es posible, con una mejor gestión y una adecuada rendición de cuentas, tener un Estado más cercano que conjugue adecuadamente eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas.