Miseria. Desigualdad. Inseguridad alimentaria. Pandemia. Tan nefastas características convergen en América Latina para hacer posible que el flagelo del hambre recorra la región, captando cada vez mayores víctimas.
Según el informe “Seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el pasado año un total de 47,7 millones de personas padecieron hambre en esta región, mientras que en el último quinquenio unos 13,2 millones de habitantes de la zona ingresaron a un nivel de pobreza de tal magnitud que les impide alimentarse.
Y ahora con la pandemia recorriendo la geografía se estima que se incrementen los niveles de hambre, según lo documenta la FAO. De los 620 millones de habitantes de Latinoamérica, 7,4% no pudieron alimentarse, lo que se constituye en un importante incremento con relación a la cifra registrada en 2014, que situó ese indicador en 5,6%. Ello es una muestra del deterioro económico de la región.
La inseguridad alimentaria también se ha visto exacerbada. De acuerdo con el documento, durante el pasado año otras 191 millones de personas, es decir, uno de cada tres habitantes de América Latina no pudo acceder a alimentos nutritivos y suficientes durante el periodo antes señalado.
Sin duda alguna, el contexto económico actual complica aún más la meta prevista para el año 2030, en la que se pretendía lograr “Hambre Cero”. Es improbable que se consigan resultados positivos en ese sentido, por cuanto el panorama actual hace prever que para ese año tan terrible condición podría afectar a 67 millones de personas.
En la publicación, la FAO alerta sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en América Latina y pronostica que se registrará un aumento significativo del hambre. Factores como las consecuencias de la pandemia sobre la actividad económica, el consumo de alimentos, la inseguridad alimentaria y la malnutrición han favorecido la expansión de tan terrible condición.
Los más afectados serán aquellos sectores en los cuales existe un mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad, una baja escolaridad, presencia de poblaciones indígenas y mayor susceptibilidad al cambio climático.
Entre las principales recomendaciones, la FAO destaca la importancia de la protección social, ya que de esta manera se minimizarán los efectos nocivos que tiene el COVID-19 sobre la población y así lograr que los afectados puedan reconstruir sus capacidades de inclusión económica y social. Los gobiernos deben entonces abocarse a diseñar soluciones que permitan disminuir el nivel de empobrecimiento en su población.
