Esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas apoyar el control del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Medida que fue valorada por el intendente (s) Raúl Gil González, quien señaló que éste “es un esfuerzo muy concreto del Estado de Chile para hacer frente a formas delictuales que afectan los derechos fundamentales de las personas, abusando y despojando a las víctimas de su libertad y dignidad”.
Desde la Intendencia destacan que medida se fundamenta en datos estadísticos. De hecho, un 20% de las causas investigadas en Chile por el delito de trata de personas, entre los años 2011 y 2019, tuvo lugar en Arica y Parinacota, según el “Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile”, elaborado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y publicado por la Subsecretaría del Interior en su sitio web.
El estudio ubicó a la región en un segundo lugar después de la Metropolitana, con seis de las 30 investigaciones por este delito (cinco de explotación sexual y una laboral).
Además, reveló que once de las 267 víctimas de trata a nivel nacional, fueron detectadas en Arica.
Por lo mismo, el jefe regional subrogante destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, PDI y Carabineros en la región para combatir esta modalidad de crimen organizado y afirmó que la inteligencia, la experiencia y la logística de las Fuerzas Armadas, sin duda, ofrecerán una poderosa herramienta a las investigaciones policiales especializadas.
“La vasta extensión de los límites con Perú y Bolivia, la complejidad de los terrenos y del clima en estas zonas extremas, son también elementos determinantes para comprender la importancia de esta iniciativa”, puntualizó.
ALCALDE
Ante la modificación del Decreto 265 que amplía el rol de las Fuerzas Armadas para apoyar el trabajo de las policías en el combate a los delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes en frontera, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, solicitó al gobierno no restar personal militar a la ciudad, ya que va en desmedro del cuidado de los ariqueños.
A ello agregó que, no basta cambiar un decreto o dar mas poder al Ejército para que se instale en la frontera, si no hay un mayor contingente que se haga cargo de esta tarea. Por consiguiente, se va a descuidar la seguridad de la ciudad en este periodo de Estado de Emergencia.
“Que no se quite contingente de Arica para reforzar la frontera, sino que se traiga personal de todo el país para una acción que le corresponde al Estado de Chile, es injusto sacar personal del Ejército de la ciudad que está destinado a proteger la comuna en los toques de queda, nuevamente, estaríamos ante una situación injusta al haber desprotección”, enfatizó Espíndola.
Además, indicó que los terribles crímenes que hemos vivido este año con tres personas muertas ocurrieron durante el toque de queda, por lo que es importante que exista mayor personal del Ejército resguardando la seguridad.
HISTORIA DEL DECRETO
El 13 de agosto de 2019 se publicó el Decreto N°265, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología en relación a las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional.
El decreto tenía una vigencia de un año desde su publicación, pero fue prorrogado por otro año más, hasta el 13 de agosto de 2021 (en virtud del decreto N° 217 del 7 de julio de 2020).
Los positivos resultados de la evaluación de ese trabajo de colaboración, unido al aumento del tráfico ilícito de migrantes motivaron la firma de un decreto modificatorio que permite ampliar el objeto de la colaboración, ya no sólo al control del narcotráfico y el crimen organizado, sino también al ingreso ilegal al país por pasos no habilitados.
De esta manera, previo decreto del Ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico en zonas fronterizas del territorio nacional, para controlar el ingreso ilegal al país.
La colaboración se refiere al despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico, en zonas fronterizas del territorio nacional.