Resulta del todo incomprensible que autoridades tan relevantes para la gestión de la inversión pública regional, y que han sido elegidos para garantizar su buen uso, desconozcan el penoso desempeño de la inversión pública de decisión regional durante estos más de 3 años.
Precisar algunos puntos a partir de la evidencia. Primero, nuestro presupuesto regional sigue siendo, lejanamente, el más bajo de todo el país, incluyendo la nueva región de Ñuble. Las cifras de inversión han caído a mínimos históricos.
Segundo, recordar que terminamos 2017 con un presupuesto de más de $ 40 mil millones basado en una robusta cartera de inversiones gracias al PEDZE. En 2018 se produce una violenta caída para terminar con un gasto de $ 26 mil millones (mediando, eso sí, un “ingenioso” rescate a cargo de las transferencias al pasar de un 70% a un 96% de avance en el gasto en menos de un mes). Las transferencias de capital son una suerte de subsidio a otros servicios públicos para el pago de su cometido sectorial, por tanto, se sustraen recursos a las propias iniciativas de inversión de decisión regional.
A fines de 2019, el presupuesto regional de inversión descentralizada sólo creció 3 mil millones quedando el avance del gasto en $ 29 mil millones, nuevamente con un 25% de transferencias y gastos menores, y una ejecución de un 99,2%.
Para variar, en 2020 de los más de 39 mil millones de pesos anunciados al final del año FNDR para la región, casi $20 mil millones (un 50% del total), corresponden a las referidas transferencias, compuestas por $14.326 millones de transferencias al sector público central, $2.641 millones en transferencias corrientes, $1.350 millones en transferencias al sector privado, y poco más de $1.516 en transferencias para entidades públicas regionales.
Pero, además recordar que el gobierno central hizo en 2020 un ajuste presupuestario donde la región de Arica y Parinacota fue la tercera más afectada con una rebaja del 5.3 %. Por cierto, por ser la de peor ejecución de su presupuesto anual. Aún más, en el mismo año se distribuyeron recursos especiales en el marco de la ley 2020, denominada plan de reactivación, y Arica y Parinacota no recibió un peso. ¿Por qué? Por ineficiencia en el gasto.
Lo que pasa es que, ante tanta ineficiencia y mal gobierno, se intenta confundir a los ariqueños y parinacotenses con cifras, planillas Excel y contabilizaciones erróneas, que llevan a “disfrazar” una buena ejecución con el presupuesto efectivamente disponible.
¿Entonces, cuál ha sido la supervigilancia a la ejecución? ¿Realizar tres reuniones en un año es ejercer un control estricto sobre la ejecución y los proyectos? ¿Dónde están los proyectos emblemáticos que reducen la brecha de infraestructura? Cuando un gobierno regional se conforma en lograr un mayor porcentaje de ejecución, pero a costa de un menor presupuesto, un déficit de unidades técnicas ejecutoras, y a punta de transferencias, no se ve mayor esfuerzo que conformarse con lo que tiene.
Y tercero. El revisionismo político a la inversión pública que dejo el gobierno anterior, la ceguera administrativa, la falta de autoridades competentes y el desmantelamiento de las unidades ejecutoras, le seguirán penando a este gobierno regional. En 2014 los ariqueños y parinacotenses demandaron un conjunto de inversiones a través del PEDZE, sin embargo, aún la ciudadanía desconoce el destino de obras tan relevantes como: la piscina olímpica, el museo de Azapa, el centro cultural Chinchorro, la restauración de la ex Isla Alacrán, el Liceo Politécnico, la ex estación de FFCC Arica – La Paz, el resto del borde costero, la nueva centralidad Chinchorro, el plan hídrico, y el plan logístico, entre muchos otras iniciativas que requiere desde hace años nuestra región.
