El espacio urbano, las calles y espacios públicos no están solo para circular. En una sociedad democrática, estos lugares se entienden también como un espacio de participación. Por lo tanto, las personas pueden manifestarse y las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Esto en nuestro país claramente no se cumplió durante el estallido social, pues se produjeron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos precisamente en contexto de manifestaciones. Respecto de esas violaciones de derechos humanos, a juicio de nuestra organización, hay antecedentes suficientes que permiten investigar y sancionar a los altos mandos de Carabineros de Chile.
En ese marco, en las últimas marchas se han denunciado actos de violencia policial y violencia de particulares hacia quienes se manifiestan. Las autoridades deben asegurar el derecho a la protesta pacífica, lo que incluye proteger la integridad de estas personas frente a agentes provocadores y contra-manifestantes.
Por supuesto, el caso más repudiable es el disparo que le arrebató la vida a la comunicadora Francisca Sandoval. La labor de los/as periodistas y comunicadores/as es fundamental para mantener informada a la población, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.
Por lo anterior, junto con investigar exhaustivamente el homicidio de Francisca Sandoval y sancionar a los responsables, el Estado de Chile debe avanzar en medidas que protejan a los/as manifestantes, periodistas y comunicadores/as sociales. En el plano normativo, también es importante dejar atrás el Decreto Ley 1086 de 1983 que sigue regulando el derecho de reunión y tener una regulación legal de dicho derecho que cumpla con los estándares de derechos humanos en la materia. Por último, también lo que ha sucedido nos muestra una vez más la imperiosa necesidad de avanzar prontamente en una reforma profunda y estructural a Carabineros de Chile, la que sigue pendiente no obstante las recomendaciones de Amnistía Internacional y otros organismos internacionales.
A propósito de las manifestaciones y las demandas que surgieron tras el estallido social, hoy estamos más cerca de concretar el sueño colectivo de contar con una nueva constitución. Ya tenemos un consolidado de normas. Si bien, aún falta el trabajo de armonización y las normas de transición, ya podemos decir que nos estamos acercando a tener una Constitución robusta en materia de derechos.
Lo anterior, principalmente porque:
• Es un texto que consagra de manera más robusta los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de grupos de especial protección.
• Establece una institucionalidad de derechos humanos con jerarquía constitucional.
• A través de la fórmula del Estado social y democrático de Derecho impone al Estado un deber de garantizar derechos, especialmente los derechos sociales.
• Recepciona de manera fuerte el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos.
Lo que tanto soñamos sobre mejorar las condiciones de vida de las personas, hoy está más cerca; los derechos fundamentales están claramente en el corazón de la nueva constitución. A juicio de Amnistía Internacional esto es innegable y creemos que es digno de ser celebrado. Por ello, buscaremos contribuir a fin de que la ciudadanía pueda valorar estos avances y el 4 de septiembre los pueblos de Chile puedan dar otro paso para tener una nueva Constitución respetuosa de los derechos de todas y todos.
* Columna publicada originalmente en Radio Universidad de Chile
