El plebiscito del 4 de septiembre convoca a toda la ciudadanía que vive en Chile a decidir si aprueba o rechaza la propuesta constitucional. Especialmente, quienes poseemos derecho a votar tenemos la responsabilidad de asistir a las urnas electorales ese día, para tomar una decisión, pero también para dotar de mayor legitimidad nuestra democracia, que incrementa su calidad cuando hay mayor participación política electoral.
En ese contexto, es responsabilidad de todos los actores políticos y del gobierno, desarrollar estrategias comunicacionales que incentiven e informen sobre la participación electoral. Sin embargo, es lamentable como en las propagandas que se han desplegado en el marco de las campañas por el apruebo y el rechazo, las personas migrantes son invisibles, nadie les habla sobre su derecho a votar y lo importante que es para el país que efectivamente lo hagan, por el contrario, sólo se alude al fenómeno migratorio de forma instrumental, estigmatizadora, para polemizar sobre aspectos supuestamente negativos en la nueva constitución.
Para el plebiscito de los próximos días, hay 514.623 electores extranjeros, representativo del 3,4% del padrón total de electores (Servel, Infomigra, 2022). Cuando se habla de una sociedad inclusiva, donde es central la participación de grupos minoritarios, o grupos históricamente excluidos, parece necesario recordar a los actores políticos que la población migrante forma parte de este registro, y es un imperativo ético y democrático favorecer su voz y su voto.
