Por Jaime Romero, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Ocupar cerca de tres horas para ir y venir del trabajo es una realidad que sufren a diario miles de chilenos. Muchos de ellos viven en la periferia, en barrios con poca oferta y calidad de servicios.

Los habitantes de esos sectores no son responsables de esta situación, pero sí los más afectados. De ahí que la integración urbana, no solo resulta un imperativo ético, sino también representa uno de los cimientos sobre los que descansa la paz social. Las actuales fronteras de la segregación aumentan el riesgo de debilitar nuestra identidad cultural y, en casos extremos, incluso, la legitimidad de la autoridad.

Esta segregación territorial hay que detenerla. Afortunadamente, hoy existen mejores oportunidades para avanzar en este tema. Distintos estudios señalan que un 66% de los chilenos está dispuesto a vivir en barrios con personas de distintas clases sociales y un 80% considera que las ciudades serían un mejor lugar si fueran más integradas ¿Qué nos falta entonces?

Me aventuro a afirmar que un nuevo “contrato social” que tome en cuenta algunas interrogantes que mantienen los ciudadanos. Según una reciente encuesta del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable estas apuntan, por ejemplo, a cuidar la seguridad en los barrios; que no se produzcan ruidos molestos; o que las soluciones de vivienda social sean más dignas que los block de los años ‘80.

Frente a estos requerimientos ya existen respuestas concretas, como el aumento en los estándares de calidad y diseño de las nuevas viviendas sociales y programas como “Quiero Mi Barrio”, para construir o reparar obras que eleven la calidad de vida en el vecindario; ó “Regeneración de Condominios Sociales”, que enfrenta el deterioro físico de aquellos conjuntos habitacionales de alta densidad, carentes de servicios y situados en entornos deteriorados.