(Servindi) La vacunación a escondidas con dosis de Sinopharm de decenas de altos funcionarios del gobierno central de Perú ha vuelto a sumir al país en una nueva crisis política.
El escándalo ha forzado la renuncia de la ministra de Salud, algunos ministros y viceministros y salpica a autoridades que integraron el equipo negociador encargado de las compras de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.
Mientras unas autoridades renuncian y otras juran que nunca fueron inmunizadas, varias exigen que se publique la lista completa de funcionarios que fueron vacunados incluso antes que el personal médico de primera línea.
VACUNAS DE CORTESÍA
El escándalo desatado tras conocerse recientemente que el expresidente de la República, Martín Vizcarra y su esposa, se vacunaron en octubre de 2020, cuando este aún era mandatario, se sigue expandiendo.
La renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, el viernes 12 de febrero, debido a esta controversia, ha sido solo el inicio de una remezón política que recién empieza, atizada en un contexto electoral.
Mazzetti dimitió tras liderar una cuestionada gestión en un país que registra más de 43.000 muertes por covid-19 y que desde enero sufre un déficit de 110 toneladas de oxígeno por día.
Sin embargo, estos no fueron los motivos de su salida, sino más bien una anunciada interpelación en su contra desde el Congreso por no informar sobre las autoridades que se vacunaron sin hacerlo público.
Las últimas investigaciones revelan que ya no solo es la más alta autoridad del país la que se vacunó sin hacerlo público y antes que cualquier médico de la primera línea.
También ministros y altos funcionarios han reconocido que se inmunizaron con las denominadas “vacunas de cortesía” que entregó la compañía estatal china Sinopharm.
Una de las últimas autoridades en reconocerlo ha sido la canciller, Elizabeth Astete, quien, cercada por el escándalo, también renunció al cargo el domingo 14 de febrero.
En un comunicado, Astete reconoció su error por haberse vacunado, pero se defendió diciendo que “no podía darse el lujo de enfermarse” por ser una funcionaria vinculada a las negociaciones por las vacunas.
Astete integró hasta el domingo el equipo negociador encargado de las compras de la vacuna que la primera semana de enero culminó con la firma de un contrato con Sinopharm.
NUEVO MINISTRO Y MÁS IMPLICADOS
El nuevo ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien asumió en reemplazo de Pilar Mazzetti, confirmó que la vacunación del expresidente Vizcarra y la excanciller Astete no son hechos aislados.
En una entrevista ofrecida al dominical Cuarto Poder, Ugarte informó que varios funcionarios, entre ellos dos viceministros de la cartera de Salud, también fueron vacunados en setiembre de 2020.
Estos son los viceministros Víctor Bocangel y Luis Suárez-Ognio. Este último funcionario renunció el sábado 13 de febrero por el escándalo.
Uno de sus asesores llamado Carlos Castillo Solórzano, era representante directo del Ministerio de Salud en las negociaciones de las compras de vacunas.
Mientras que su otro asesor, Manuel Espinoza, confirmó este lunes 15 de febrero que también fue vacunado y que presentará en las próximas horas su carta de renuncia.
El ministro Ugarte dijo que su despacho ha encargado una investigación para determinar el número de personas que aceptaron las “vacunas de cortesía” de Sinopharm.
Aunque esto puede tardar algunos días, lo que se sabe hasta el momento es que los funcionarios del gobierno de Vizcarra se vacunaron con 2.000 dosis que donó Sinopharm.
Esto, según lo ha revelado recientemente La República, que señala que estas dosis fueron entregadas por Sinopharm de manera adicional a las 12.000 dosis que sirvieron para ensayos clínicos.
De las 2.000 dosis adicionales, indican, 1.200 fueron destinadas al personal médico y técnico relacionado con el proyecto de inmunización de Sinopharm. Es decir, para 600 personas (a dos dosis por cada una).
Y “con las 800 dosis restantes fueron vacunados 400 profesionales que no pertenecían al proyecto de la Universidad Cayetano Heredia, pero estaban vinculados con las pruebas clínicas”.
A este último grupo se sumaron los funcionarios que por estos días recién han salido a admitir que fueron vacunados, según las fuentes de La República.
A partir de estas nuevas revelaciones, la embajada China en Perú señaló que no conoce la identidad de las personas que recibieron las vacunas de Sinopharm durante el ensayo clínico.
Además, en su pronunciamiento emitido el lunes 15 de febrero, rechazan el uso de los términos "vacunas de cortesía, prebendas o donaciones".
Por otro lado, varios ministros y congresistas han salido al frente para asegurar —con declaraciones juradas incluidas— que no fueron vacunados.
No obstante, hay quienes consideran que esto no es suficiente pues lo que se debería hacer es publicar la lista de los funcionarios que sí recibieron aquellas dosis y no lo hicieron público.
A este pedido se han sumado este lunes 15 de febrero la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.
Así como la Defensoría del Pueblo, que además pidió "celeridad y transparencia para no afectar la confianza en el proceso de vacunación".
Si se revelan o no estos nombres, lo sabremos en los próximos días. Lo cierto es que el escándalo ya está desatado y la crisis, como siempre, afecta a quienes más sufren la pandemia.
Un claro ejemplo de ello es el pedido de las organizaciones indígenas que solicitaban una reunión personal con la hasta hace poca ministra de Salud, Pilar Mazzetti, por el abandono sanitario en las comunidades.
Ella renunció y, una vez más, los indígenas han quedado relegados a su suerte. Este, en el fondo, es el verdadero impacto de las crisis que asolan al Perú.
