El aumento del uso de la violencia en los conflictos cotidianos, así como la mutación de las organizaciones criminales y la emergencia de nuevos tipos criminales, son elementos que muestran la necesidad de una cada vez mayor preocupación del Estado y especializaciónón en la temática de la seguridad ciudadana.
Reconociendo la multidimensionalidad del problema y la indudable necesidad de políticas de largo plazo, es urgente avanzar en una ruta crítica que asegure la implementación de medidas concretas de corto plazo.
Cualquier esfuerzo legislativo y de política pública que busque la disminución de los niveles de inseguridad y violencia, debe poner atención también en la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, en el angustiante aumento de femicidios y el hecho de que en un importante número de casos las víctimas tenían medidas cautelares que no fueron efectivas para detener la agresión.
Por otro lado, es imposible desconocer el crecimiento del mercado de drogas y la amenaza que significa para la seguridad pública. Nuestra región tiene los números más altos en procedimientos policiales por Ley 20.000. Los mayores flujos de drogas y el contrabando permiten la instalación de organizaciones criminales, por lo que se vuelve imprescindible generar respuestas policiales, pero también preventivas, en los colegios y en los propios barrios potenciando factores protectores de las personas y la articulación interinstitucional.
En Arica y Parinacota, tenemos que trabajar para tener mejor seguridad, quitar la violencia y poner tras las rejas a todos los criminales. Como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaré una sesión especial en la Región e invitaré a la ministra del Interior Carolina Toha. Ahí le queremos solicitar un conjunto de medidas que vengan a poner coto a la puerta giratoria, endurecer el castigo a los delitos de sangre y a la tenencia y uso de armas de manera ilegal. Eso es lo que la gente quiere que se resuelva.
