Con el voto unánime de los senadores, la Sala del Senado respaldó el oficio del presidente de la República en que solicitó que se prorrogue la medida que permite que las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad resguarden las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, y de Antofagasta.
Con esto, se permite mantener la aplicación del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte del país por otros 90 días más y de ese modo reforzar el control de las fronteras en esa zona.
Previo a la votación, la ministra de Interior y de Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó que se solicita esta prórroga, porque "la presencia militar en el norte es necesaria. Chile tiene una frontera extensa" y agregó que ha existido una mejoría en la situación de ingresos irregulares con una baja de 45% menos que el año anterior, así como también hay una disminución de los delitos violentos.
Además, dijo que el Ejecutivo está analizando varias iniciativas, tanto de proyectos de ley como la intensificación del despliegue militar.
Durante la votación intervinieron los senadores Luz Ebensperger, José Miguel Insulza, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Kenneth Pugh y Daniel Núñez, quienes coincidieron en que esta medida ha contribuido a disminuir los ingresos irregulares.
No obstante, hubo quienes señalaron que si bien hay un avance éste no ha sido suficiente y la situación sigue siendo "crítica" si se toma en consideración la gran cantidad de personas que efectivamente ingresó previo a la medida.
"Las FFAA y de seguridad sólo están facultados a detener en caso de flagrancia o se registrare una orden de detención pendiente, lo cual debe pasar, claro está por poder determinar la identidad de la persona y si no hay posibilidad de identificarla, deben conducirla al recinto policial correspondiente para proceder a su identificación, dejándose luego en libertad, sino existen órdenes de arresto en su contra", afirmó el senador José Durana.
En tal sentido, se puso énfasis en que si se quiere reducir y enfrentar el crimen organizado se deben hacer más esfuerzos por evitar el ingreso y salida del país de delincuentes. En ese orden, se señaló que el 52% de la población penal en la Región de Tarapacá es extranjera.
Asimismo, se citó como ejemplo el caso de los asesinos del ex militar venezolano Ronald Ojeda y del carabinero Emanuel Sanchez, quienes habrían huido del país sin mayores contratiempos por la frontera norte del país.
En el debate, también se planteó la necesidad de modificar la ley migratoria para flexibilizar de alguna manera las expulsiones.
