Respecto a la ley de cumplimiento tributario, existen dudas respecto a si el gobierno será capaz de recaudar en régimen el 1,5% del PIB. Si desea cumplir con su agenda social, debería fijar nuevos parámetros realistas de déficit fiscal y de deuda pública (ambos ya corregidos al alza). También que el gasto público crezca 1,6% anual como lo plantea el Consejo Fiscal Autónomo, para cumplir con la regla de déficit estructural, es técnica y políticamente inviable (no habría suficiente financiamiento para bienes públicos).
En lo que respecta a las PYMEs, la renegociación para pagar impuestos adeudados y sin multas, permite un alivio temporal en la liquidez. Es importante que esta tasa de interés en la renegociación sea baja, lo que ha sido una crítica permanente a la Tesorería. Se aplicarán impuestos a importaciones realizadas por plataformas digitales, se monitoreará las transferencias de terceros a cuentas corrientes de modo que paguen impuestos por actividades comerciales no declaradas, entre otros.
Pero todo esto no moverá la aguja de la recaudación total. También la repatriación de capitales tiene aún un largo camino burocrático, debiendo haber sido un impuesto sustitutivo del 8% en vez del 12% (como lo fue en el pasado) para compensar riesgos. En lo relacionado a las grandes empresas, con la norma general antielusión, se podrán fiscalizar los grupos económicos como un todo y además el SII podrá tener atribuciones en las transferencias con partes relacionadas en el extranjero (abultamiento de precios para licuar utilidades, por ejemplo). Pero esto no necesariamente recaudará lo estimado debiendo tener Hacienda un plan B si no recauda lo proyectado, que es lo más probable.
