Señor Director:
El proyecto de “Plan de Reconstrucción Nacional” propone eliminar la franquicia tributaria de capacitación, principal fuente de financiamiento de la formación para el trabajo en Chile. Más allá de sus fundamentos, la señal es clara: se desarma el principal instrumento de desarrollo de capital humano sin una alternativa equivalente a la vista.
Es positivo que se revisen sus falencias. Esta política ha sido mal utilizada en reiterados casos y requiere correcciones. Pero eliminarla sin reemplazo es dejar un enorme vacío, más aún cuando el propio Gobierno ha señalado que el empleo es la principal herramienta de movilidad social.
Se entiende la necesidad de orden fiscal. Sin embargo, aplicar aquí una lógica de “todo o nada” resulta contradictorio: se debilita una política de largo plazo y, en paralelo, se priorizan subsidios que, siendo útiles, operan en el corto plazo y no construyen capacidades. El empleo no se sostiene sólo con incentivos a la contratación (o caja inmediata para las empresas); requiere también instrumentos de largo plazo.
El proyecto, además, avanza en un sentido difícil de comprender: elimina mecanismos de financiamiento y, al mismo tiempo, reduce las barreras de entrada para proveedores de capacitación. La evidencia en Chile y las buenas prácticas internacionales muestran lo contrario: se requieren instituciones formativas con estándares claros, equipos especializados, trayectoria y supervisión efectiva.
Corregir el sistema es necesario, y el Gobierno encontrará muchos aliados en ese camino. Desmantelarlo sin una alternativa clara es riesgoso. La diferencia entre ambos caminos no es técnica: es el tipo de oportunidades que el país decide ofrecer, especialmente a quienes hoy tienen menos.
Manuel Ureta, Director Ejecutivo INFOCAP
Jorge Gaju, Director Ejecutivo Emplea de Hogar de Cristo
