En una sesión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas, el Consejo Regional (CORE) de Arica y Parinacota, presidido por el gobernador Diego Paco, aprobó la polémica iniciativa denominada "Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Con una votación de nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, se dio luz verde para que el Gobierno Regional destine 3.292 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para financiar el inicio de la erradicación de este sector crítico.
Esta iniciativa tuvo una fuerte oposición de varios consejeros regionales debido a que el presupuesto regional es el más bajo del país y se está destinando una gran suma de esos fondos - que son para inversión de proyectos para el desarrollo de Arica y Parinacota- a una iniciativa que debía ser financiada por el gobierno central, debido a que la compleja situación de Cerro Chuño es producto de acciones que se tomaron desde La Moneda en tiempos de la dictadura en los años 80, que derivaron en la contaminación del sector con polimetales.
La controvertida decisión aprobada por el CORE busca concretar la primera fase del plan liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual permitirá la demolición de estructuras, la apertura y operación de un depósito en la Quebrada Encantada para el aislamiento de materiales contaminados con polimetales y el traslado seguro de residuos.
Paco enfatizó la importancia de esta determinación para la seguridad y el futuro de la zona: “Este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño, porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos lo sabemos, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar”.
En esta primera fase, la planificación contempla la demolición de las fundaciones de viviendas en cinco manzanas de Cerro Chuño, sumando un total de 220 moradas intervenidas. El plan completo considera cuatro etapas por un costo total de 10.000 millones de pesos, siendo el Ejecutivo el responsable de destinar los recursos restantes, a través de fondos sectoriales.
