Corte Suprema puso fin a masivo corte de agua y alcantarillado en Cerro Chuño

Fecha : 03/05/2021
• Máximo tribunal ordenó a Serviu restituir servicios básicos suspendidos a cerca de 2.500 personas en plena pandemia.
 

La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó, el pasado viernes, reponer el agua potable y el alcantarillado cortados, recientemente, en el sector de Cerro Chuño, en donde todavía habitan unas 2.500 personas, a pesar de que, en 2012, comenzó́ un programa estatal de erradicación, tras denuncias que llegaron hasta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, incluso, significaron fallos condenatorios de la Corte Suprema en contra de las autoridades el 2014.

La suspensión de los servicios básicos fue ordenada, en enero pasado, por el director regional del Serviu, Fernando Meza, a la empresa Aguas del Altiplano como medida de presión para proseguir con los esfuerzos por erradicar completamente esa área de la ciudad, tristemente célebre por la contaminación por polimetales.

Esta situación surgió luego que el Ministerio de Vivienda desalojara a los propietarios originales de las viviendas, sin luego demolerlas como ordenaba la ley, y otras familias sin techo se allegaron en las construcciones abandonadas.

En el lugar, también se refugiaron grupos de migrantes, manteniéndose, hasta ahora, un enclave de familias vulnerables “que no tienen otra opción que quedarse allí́, a pesar de la contaminación, ya que no existe para ellos ninguna alternativa de vivienda. El gobierno los empuja a vivir en la calle o en otro de los numerosos campamentos precarios o ‘tomas’ que han aparecido en los últimos años en Arica”, según afirmó la abogada de derechos humanos, Josefina Prado Tejerina, responsable de los recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Arica y Corte Suprema.

TRAGEDIA
“Esta es una tragedia que muestra que aún puede añadirse algo peor a la incapacidad de completar un proceso de erradicación financiado y respaldado por una ley especial. Esto sucede a 37 años de que el Estado, a través de la empresa Promel, recibiera, a cambio de una suma multimillonaria, residuos tóxicos que no fueron tratados y abandonados en medio de la ciudad, y a casi 20 años de promulgarse la Ley de Polimetales para Arica”, remarcó la jurista.

La profesional asesora a la Organización Social y Cultural “Los Peregrinos” y el comité́ de allegados “Fuerza de Vida” que presiden Juana Araya y Ana Araya, respectivamente, y que agrupan a los actuales residentes de las viviendas desechadas y que exigen a las autoridades medidas más efectivas y humanitarias, que tomen en cuenta el drama social de los allegados, situación agravada por la pandemia del coronavirus.

ESTANQUES
La única medida paliativa del Serviu, ante el corte del agua potable y alcantarillado, fue celebrar un convenio con “Caritas Chile” por más de 58 millones de pesos, para dotar de agua a ese sector poblacional a través de estanques, algo que se realizó a medias, provocando aglomeraciones en esa distribución callejera insalubre que son focos de contagio y que, además, es insuficiente para cubrir las necesidades diarias. “Esto es impresentable en cualquier momento del siglo XXI en Chile, más aún en una emergencia sanitaria mundial”, señaló la abogada.

DESALOJO FRUSTRADO
Ante la ocupación poblacional del Cerro Chuño, las autoridades no han logrado salvar el problema definitivamente a pesar que, el año 2017, el mismo Serviu intentara un desalojo ejecutivo, lo que fue paralizado luego que se acogiera otro recurso de protección por los tribunales.

Posteriormente, el Serviu activó un Plan de Retiro Voluntario, con diversos incentivos para los vecinos tales como la asignación de subsidios de arriendo de 200 mil pesos por un año o un bono único de traslado de 600 mil pesos, lo que tampoco ha resultado, debido a que la gran mayoría de la población no puede cumplir con los requisitos impuestos y que, además, dichos incentivos no resuelven el problema del acceso a la vivienda.

MEDIDA DE PRESIÓN
El corte de suministro de agua y alcantarillado, fue una medida de presión de Serviu para obligar a los pobladores a retirarse del sector, rayando en la “autotutela” prohibida en el ordenamiento jurídico chileno.

“El Estado tiene la obligación de reparar el daño causado, responder a las necesidades de vivienda de los sin techo, a través de medidas eficientes y profundas que pongan en primer lugar el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, considerando, además, la situación de pandemia global”, afirmó Josefina Prado.

Respecto de la sentencia del máximo tribunal, la abogada señaló que “el fallo de la Corte Suprema viene a poner las cosas en su sitio, los servicios del Estado no están por sobre la constitución y los tratados internacionales, por el contrario, legalmente tienen la obligación de proteger los derechos de las personas, no vulnerarlos, cuestión que este gobierno, en particular, parece no entender. Los derechos humanos no son discursos de buena voluntad, son ley en nuestro país”. 

 
 
 
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