Con el objetivo de proteger la salud pública y resguardar la tradición de la chicha artesanal, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) intensificó la fiscalización del cumplimiento de la Ley 18.455, que regula la genuinidad y potabilidad de las bebidas alcohólicas en el país. Esta medida se hace especialmente relevante en septiembre, cuando aumenta considerablemente el consumo de productos típicos como la chicha.
La fiscalización busca detectar y sancionar casos de adulteración, falsificación o incumplimiento de normas de producción. De acuerdo con el director regional del SAG, Álvaro Alegría Matus, una particularidad de la chicha es que, a diferencia de otros productos alcohólicos, la ley permite su venta al público en envases abiertos, lo que aumenta el riesgo de manipulación y adulteración.
“El SAG toma unas muestras para análisis en laboratorio, pero, entre las prácticas más comunes identificadas, se encuentran la adición de agua y azúcar, el uso de edulcorantes artificiales no autorizados como la sacarina, la utilización indebida de preservantes y la elaboración de chicha con materias primas prohibidas”, señaló el director.
Este procedimiento obliga a los productores a cumplir rigurosamente con las normativas sanitarias para evitar sanciones que van desde 1 hasta 1.000 UTM, incluyendo la clausura del establecimiento en casos graves.
En esta línea, el seremi de Agricultura, Ernesto Lee Labarca, indicó que en el mes de Patria “ponemos especial énfasis en la chicha, que por su elaboración artesanal es la única bebida alcohólica que se puede vender a granel, es decir que no se requiere que los envases estén sellados y etiquetados, por lo que hay que tener mayor control para resguardar la salud de las personas. Con estas acciones cuidamos a nuestras familias y garantizamos que disfruten de un producto auténtico y seguro”.
RECOMENDACIONES
El SAG llamó a la ciudadanía a comprar chicha solamente en lugares establecidos y con permisos al día, y a informarse sobre el origen del producto que consumen.
De esta forma, se protege la salud de las personas y se promueve una producción más responsable y transparente con la normativa vigente.
