El Servicio de Impuestos Internos (SII), con el pleno respaldo del Ministerio de Hacienda, dio un paso decisivo para incorporar a la economía formal uno de los sectores de mayor crecimiento dentro del ecosistema digital chileno, redefiniendo el escenario jurídico y económico del país.
Según un reportaje publicado por El Ciudadano, la Resolución Exenta N.º 69, emitida el 2 de junio de 2026, marca un punto de inflexión para la industria del juego online en Chile. Detrás de un texto de apariencia meramente administrativa se esconde una decisión de gran alcance: las plataformas internacionales de apuestas online, los casinos virtuales y las casas de apuestas pasan a integrarse al sistema tributario nacional mediante el mecanismo del IVA Digital.
La implementación del Formulario F129 obliga a las plataformas extranjeras sin residencia en Chile no sólo a declarar sus ingresos actuales, sino también a regularizar y pagar el IVA correspondiente a los últimos 36 períodos tributarios, es decir, a los últimos tres años. Para numerosos analistas, esta exigencia pone en entredicho la viabilidad de futuras órdenes de bloqueo contra estas plataformas por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al convertir el pago de impuestos multimillonarios en una suerte de “luz verde” para la industria del juego online.
Desde la perspectiva del Estado, la medida responde a una lógica eminentemente económica. Según el más reciente informe de Apuesta Legal Chile, solamente durante el primer trimestre de 2026, el tráfico hacia las plataformas de apuestas online aumentó un 8%, alcanzando los 72,4 millones de visitas. Las restricciones aplicadas hasta ahora y los intentos de bloqueo por parte de los proveedores de internet no han logrado frenar la expansión del sector, que continúa creciendo a gran velocidad y ya forma parte de la economía digital chilena.
Mientras tanto, las autoridades buscan contener las críticas provenientes de los sectores más conservadores. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insiste en que la recaudación tributaria constituye únicamente una obligación legal del SII para garantizar condiciones equitativas de competencia y que, por sí sola, no implica la legalización automática de las apuestas online. En la misma línea, el ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que “la legalización de actividades como los juegos de azar en línea corresponde exclusivamente a una ley de la República, actualmente en discusión en el Congreso. El SII es simplemente un organismo autónomo que actúa dentro del ámbito de sus atribuciones”.
Sin embargo, observadores independientes y diversos críticos califican estas explicaciones como una “demagogia barata”», argumentando que, en una economía de mercado, el pago de impuestos constituye el principal indicador de legitimidad de una actividad económica.
Hasta la publicación de esta resolución, el marco jurídico chileno en materia de juegos de azar parecía inamovible: los únicos operadores autorizados eran Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, Teletrak y los casinos presenciales debidamente licenciados.
Para los detractores de la medida, la nueva iniciativa del SII supone, además, un distanciamiento de la postura previamente fijada por el Poder Judicial. El senador Esteban Velásquez (FREVS) recordó un precedente que considera decisivo: “En septiembre del año pasado, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y estableció de manera definitiva que los juegos de azar online sin autorización legal constituyen una actividad ilícita. El tribunal no dejó margen para interpretaciones y ordenó a los proveedores de internet bloquear inmediatamente el acceso a esos sitios clandestinos». A juicio del parlamentario, la actuación del SII constituye «un absurdo jurídico de extraordinaria gravedad que opera, en los hechos, como una forma de regulación encubierta”.
Las críticas también provienen desde sectores de centroderecha. El abogado y militante de la UDI Pablo Tolosa afirmó ,durante una entrevista en Radioanálisis, que “la Corte Suprema ya dictó un fallo claro. Que ahora el SII pretenda cobrarles impuestos resulta sencillamente insólito”.
Los cuestionamientos también apuntan al Gobierno. Dado que el SII forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, sus críticos sostienen que la única autoridad con capacidad real para revocar o modificar esta controvertida resolución es el propio Ministerio de Hacienda. Sin embargo, afirman que la cartera encabezada por Jorge Quiroz ha preferido privilegiar la recaudación fiscal, escudándose en la supuesta autonomía del organismo tributario. Además, recuerdan que pocos días antes de publicarse la resolución el Ejecutivo redujo el grado de urgencia legislativa del proyecto de ley sobre apuestas online que actualmente se tramita en el Senado.
La presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, fue una de las voces más críticas durante una entrevista en Radio 13C, donde advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, genera la nueva política tributaria: “Pagar impuestos no convierte una actividad ilegal en una actividad legal. Sin embargo, el mensaje que recibe el mercado es evidente: estas plataformas pueden seguir operando mientras regularicen su situación tributaria. En la práctica, se está permitiendo que negocios ilegales ingresen al sistema con un RUT. Se les está abriendo la puerta sin saber quiénes son realmente sus propietarios, quiénes son sus beneficiarios finales ni de dónde provienen los recursos que administran”.
Pese a la controversia política, a las solicitudes de investigación formuladas por parlamentarios y a las presentaciones realizadas ante la Contraloría General de la República, numerosos analistas consideran que el proceso ya ha comenzado y difícilmente tendrá marcha atrás. En su opinión, la incorporación de plataformas internacionales de juego online al sistema del SII, mediante la asignación de un RUT y su integración al régimen tributario chileno, representa un reconocimiento de facto de su presencia dentro del mercado nacional.
Si una plataforma figura inscrita en los registros del SII, declara sus ingresos y paga regularmente el IVA correspondiente a cada transacción mediante el Formulario F129, cualquier intento futuro de bloquear estos sitios podría interpretarse como una contradicción del propio Estado desde el punto de vista económico y regulatorio.
Desde esta perspectiva, la estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda permitirá incorporar al erario público una fuente de ingresos de enorme magnitud que, hasta ahora, permanecía completamente al margen del sistema tributario chileno. Para muchos analistas, esta decisión marca el inicio de una nueva etapa para la industria del juego en Chile: el histórico predominio de Polla Chilena de Beneficencia y de los casinos presenciales deja de ser absoluto, mientras la economía digital continúa imponiendo un nuevo marco de funcionamiento para el mercado nacional.
