En el marco de una compleja investigación que se extendió por más de dos años, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica, llevaron a cabo, ayer miércoles, un mega operativo por delitos de corrupción pública al interior de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.
El procedimiento, que surge de una denuncia de usuarios a la propia Secretaría Regional Ministerial, permitió detener a un total de 10 imputados, 4 de ellos funcionarios de esa repartición, 3 ex funcionarios, además de un trabajador de la Dirección de Obras Municipales de Arica (DOM) y 2 particulares que ejercían como consultores.
“Se dio curso a 10 órdenes de detención por lavado de activos y falsificación, entre otros delitos de corrupción. Este procedimiento se ejecutó el día de hoy conforme a una planificación en la Región de Arica y Parinacota, y también Región Metropolitana, toda vez que un imputado fue detenido en la ciudad de Santiago. Paralelamente, se realizaron diversas entradas y registros e incautación en otros domicilios de la ciudad, con la finalidad de obtener evidencia para el sustento de esta investigación, y lo propio en dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales y del DOM (Dirección de Obras Municipales) de la ciudad de Arica”, explicó el subprefecto Marcelo García Cid, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Arica.
La fiscal Sacfi de Arica, Paulina Brito, señaló que "se trata de una investigación que lleva más de dos años por diversos delitos que involucran a funcionarios públicos, ex funcionarios públicos de la Seremi de Bienes Nacionales y también personas civiles vinculados a estos. La causa comienza por denuncia de propios usuarios, los cuales son puestas en conocimiento de la fiscalía por la misma Seremi. Hoy se materializaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita, y mañana (hoy) se va a formalizar con los antecedentes reunidos a lo largo de esta compleja investigación".
La indagatoria, que comenzó en 2023, estableció que, al menos desde 2021, los imputados se organizaron para utilizar sus posiciones como funcionarios públicos para cometer diversos delitos de corrupción pública.
Es así como montaron una red, con roles definidos, que les permitió tanto recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites y proporcionar información interna, así como también manipular el proceso de entrega vía concesiones, arriendo o venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinadas personas a quienes les habrían cobrado cuantiosas sumas de dinero.
En ese contexto, la PDI y la Fiscalía de Arica desarrollaron hoy un mega operativo en el que participaron cerca de 100 detectives, allanando en forma simultánea dependencias de la Seremi, DOM y domicilios particulares en diversos puntos de la ciudad, desde donde incautaron valiosos medios de prueba sobre los hechos investigados.
SEREMI
Entretanto, la Seremi de Bienes Nacionales envió un comunicado donde señala que: “Como Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, respaldamos el actuar de la Fiscalía y continuaremos colaborando de forma activa con esta investigación, que se origina en hechos denunciados por los usuarios y canalizados por Ministerio de Bienes Nacionales, en coordinación con las autoridades regionales. Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública”.
Y agregan que “como Seremi de Bienes Nacionales, y cumpliendo con lo que nos mandata la ley, hemos instruido las medidas administrativas correspondientes, iniciando un proceso disciplinario interno que determinará responsabilidades y sanciones, en colaboración con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.
MUNICIPIO
Por su parte el municipio informó, a través de un comunicado, que “como Dirección de Obras Municipales, seguiremos prestando toda la colaboración necesaria a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones, PDI”.
Y agregan que “este es un hecho puntual que no constituye una práctica institucional, sino conductas atribuibles a funcionarios específicos que deben ser investigadas”.
